La Contraloría General de la República dictaminó la prohibición a los municipios de cualquier acción que implique entregar la píldora del día después, "ni aun a costo municipal o mediante cobro al usuario".

La medida también deberá ser aplicada por los "entes públicos o privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud", incluyendo a ONG y clínicas.

Al respecto, el alcalde Arriagada comentó: "Encuentro muy lamentable la decisión de la Contraloría, además que fue una consulta que no todos los municipios hicimos; en el caso de la municipalidad de La Granja, tenemos que seguir buscando la fórmula que nos permita atender a la gente más modesta".

"Encuentro muy lamentable que tengamos un doble estándar en el país, que las personas pueden comprar la píldora en el barrio alto en las farmacias porque tienen plata lo hagan y que las mujeres pobres estén condenadas a tener hijos", añadió.